Acuerdo Gobierno-Terratenientes: Regalo de navidad para la burguesía y ajuste para los trabajadores

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Abigail Plaza

En contraste a una serie de ajustes contra los trabajadores aplicadas por el MAS este año, Evo Morales cerró la gestión con un acuerdo con los terratenientes del oriente con importantes concesiones para los agroindustriales. El reciente convenio representa una acción más de la profundización del pacto del gobierno con un sector de la raquítica “burguesía nacional”, en defensa de la “gobernabilidad” del MAS y la supervivencia del Estado Plurinacional, hoy en crisis.

A vísperas de navidad y en medio del conflicto con el sector salud, el 19 de diciembre se reunieron, en la ciudad de Santa Cruz, una comisión del gobierno a la cabeza del presidente Evo Morales y el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Cocarico, con los representantes del sector agroindustrial (CAINCO, CAO, Federación de Empresarios Privados, etc.), ambas partes firmaron un acuerdo en el que el gobierno le regaló en bandeja de plata al sector, un listado de medidas ansiadas por éste y en detrimento de los pequeños campesinos, los consumidores y la clase trabajadora en su conjunto.

Menos bosques para beneficio de la burguesía

Entre las medidas están: la entrega de la Reserva Forestal Guarayos, a través de la “nueva delimitación de la reserva” y la “regularización” de asentamientos colonos y propiedades privadas en calidad de “inversionistas”. De los 1.200.000 has. que originalmente pertenecían a la reserva estos avances representan casi el 50% (500.000 has.). Este hecho se constituye en otro ejemplo de avasallamientos a Áreas Protegidas en beneficio del capital empresarial en un gobierno que ha levantado hasta el cansancio la “defensa” de la “Pachamama y su biodiversidad”.

Más concesiones al latifundio vigente

También en  tema de tierra y avance de la frontera agrícola para los intereses de los grandes terratenientes y agroindustriales, está la legalización de las quemas ilegales de los últimos 8 años (desde 2009).Y como una concesión más allá aún que la entregada en la CPE (con los artículos que legalizaron el latifundio) está el blindaje legal de las tierras de los terratenientes/agroindustriales con la derogación de la Disposición Final del DS 29215 (Reglamento de la Ley Nº 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria). Esta medida les impide a las autoridades investigar y anular títulos ilegales por esta vía. Serían 126 predios titulados con extensión por encima de 5000 hectáreas  (por encima aún de lo establecido en la CPE).

Un sueño hecho realidad: libre exportación

La medida estrella para los agroindustriales en este convenio, y que se veía llegar tras una serie de concesiones consecutivas, no menores, para este sector (ampliación de la frontera agrícola, liberaciones impositivas, flexibilización de leyes laborales, inversión estatal en infraestructura, dotación de semillas, etc.) y un anuncio anterior del gobierno el 2017, fue la LIBRE EXPORTACIÓN de los productos que representan la mayor producción del sector, y que hasta hace poco el gobierno había puesto un “candado legal”: soya, sorgo, carne de res, azúcar, alcohol y todos sus derivados. Una medida altamente liberal y capitalista.

Los representantes de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba que salieron ya en rechazo a esta medida, anuncian que la misma representa un incremento de 15% en los precios para el consumidor de la carne de pollo, de cerdo y la leche, debido que sería un incremento al costo de producción por un incremento hasta del 30% de los derivados de la soya, alimento para los animales.

La realidad en Bolivia es que mientras el MAS da completa libertad a los grandes agroindustriales de producir lo que más les convenga y de exportar esa producción de manera libre de intervención estatal (siendo que son los únicos con toda la capacidad y condiciones de exportar sus productos) carga a la agricultura de subsistencia del pequeño campesino, sin condiciones, ni inversiones importantes dadas por el gobierno, la responsabilidad de abastecimiento interno de la producción de los alimentos de la canasta familiar.

La nefasta política agraria del gobierno tiene como consecuencia un incremento de importación de alimentos tales como la papa, harina de trigo y la carne. Hoy en día, la manzana chilena y argentina reinan en los mercados, mientras las manzanas criollas esperan las Ferias Provinciales para llegar a la población.

Concesión que beneficia a Monsanto

En agosto de 2017, el gobierno a pedido de la CAO “para cubrir el déficit por la sequía”, importó 400.000 toneladas de maíz transgénico desde Argentina y hoy ya existen denuncias de cultivos ilegales de maíz transgénico en el Chaco, contra lo prohibido en la misma CPE del MAS. En el reciente convenio está el compromiso del gobierno de aprobar el uso extendido de semillas transgénicas y agroquímicos por los agroindustriales, sin registro ni control. El único cultivo transgénico en Bolivia hasta la fecha es la soya (transgénica casi en un 100%) con esta medida se pretende permitir el uso de semillas transgénicas de maíz, algodón y caña de azúcar. Lo capitalista de esta medida principalmente está en alimentar el negocio de transnacionales como Monsanto, presente en el país, que monopolizan la venta de semillas (transgénicas) incluidas en todo un paquete que le impone una dependencia al agricultor, de la cual es difícil liberarse y que los lleva al endeudamiento y el daño irreparable a sus tierras, destinadas a producir solo monocultivos, más  una dependencia criminal de los agro tóxicos, nocivos para el campesino y trabajador agrario y sus familias.

Alianzas estratégicas

En un contexto de luchas que se vienen desde los sectores de trabajadores explotados, el MAS entrega concesiones a la burguesía que le permiten incrementar aún más su capital ganado a costa del trabajo explotado de los trabajadores del campo y de la ciudad. Mientras, la burguesía agraria tiene directas ganancias económicas con estos acuerdos que le permiten a la vez afianzar su poder político, la ganancia del MAS es netamente política, sostenerse en este sector de la burguesía en medio de la crisis económica que tambalea su régimen político y dar vía libre a la patronal, en calidad de “socios” inversionistas, para seguir explotando a los trabajadores y truncar la lucha política por el poder, ensimismados en sus crisis cotidianas de supervivencia.

Desde Socialismo Revolucionario consideramos que al campesinado pobre le queda unirse a una lucha clasista de la clase obrera, socialista e independiente de los partidos de la burguesía, y luchar por una verdadera Revolución Agraria por ¡tierras para los campesinos pobres que sostienen la alimentación del país; y expropiación, sin indemnización,  de los latifundistas y de la burguesía del agronegocio!

 

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